/ martes 15 de octubre de 2019

CDMX, no a mafias del transporte.

Por años, las sucesivas autoridades han consentido las amenazas de los flotilleros transportistas por razones políticas, ya que cada que hay campañas electorales, las unidades concesionadas (sean moto taxis, taxis o camiones de pasajeros) son puestas al servicio de partidos y candidatos para la “movilización”, que no es otra cosa que el acarreo de personas para llenar mítines y votar por una opción ya predeterminada a través de la coacción. En ese contexto, se repartieron concesiones de transporte público a diestra y siniestra, lo que, por supuesto significó un enorme negocio para las autoridades que operaron esa maniobra, pero cuya consecuencia fue la saturación del servicio, pero, sobre todo, se convirtieron en mafias que hoy afectan a toda la ciudadanía.

Las concesiones también se entregaron a organizaciones clientelares, que tenían músculo suficiente para presionar a las autoridades. Este es el caso de los grupos de taxistas piratas, que en oleadas sucesivas de 'regularizaciones' se terminaron quedando con el grueso de las placas de taxi en la capital. Así pasó en 1998, cuando el Instituto del Taxi entregó alrededor de 15 mil concesiones. Lo mismo en 2007 cuando la Secretaría de Transporte, después de meses de forcejear con organizaciones de piratas, decidió emitir 'hologramas' provisionales.


Son los flotilleros corruptos y evasores fiscales; no los trabajadores del volante, controlados por los mafiosos del transporte de la Ciudad de México quienes presionan al Gobierno de la CDMX; a través de sus amenazas y manifestaciones alterando el orden y dañando a miles de capitalinos, para evitar se ponga orden en el sector, como lo viene haciendo la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum


En la CDMX se publicó en abril una serie de lineamientos que obligan a las apps y a sus conductores a cumplir con un nuevo calvario de trámites, incluyendo una 'validación vehicular' más estricta y más cara que la revista para los taxis. Ni así quedaron satisfechos los taxistas. No importa cuántos requisitos imponga la autoridad a las apps. La única forma de apaciguarlos sería restituir alguna versión del antiguo régimen cerrado, en el que sólo algunos pocos elegidos tienen el privilegio de prestar el servicio.

Sin duda, el hecho real es que los flotilleros taxistas y transportistas no han querido someterse a diversos requisitos para obtener las concesiones y los pone en desventaja frente a quienes ofertan estos servicios a través de tecnología. Sin embargo, lo que verdaderamente los ha desplazado es el tipo de servicio y precio.

Por años, las sucesivas autoridades han consentido las amenazas de los flotilleros transportistas por razones políticas, ya que cada que hay campañas electorales, las unidades concesionadas (sean moto taxis, taxis o camiones de pasajeros) son puestas al servicio de partidos y candidatos para la “movilización”, que no es otra cosa que el acarreo de personas para llenar mítines y votar por una opción ya predeterminada a través de la coacción. En ese contexto, se repartieron concesiones de transporte público a diestra y siniestra, lo que, por supuesto significó un enorme negocio para las autoridades que operaron esa maniobra, pero cuya consecuencia fue la saturación del servicio, pero, sobre todo, se convirtieron en mafias que hoy afectan a toda la ciudadanía.

Las concesiones también se entregaron a organizaciones clientelares, que tenían músculo suficiente para presionar a las autoridades. Este es el caso de los grupos de taxistas piratas, que en oleadas sucesivas de 'regularizaciones' se terminaron quedando con el grueso de las placas de taxi en la capital. Así pasó en 1998, cuando el Instituto del Taxi entregó alrededor de 15 mil concesiones. Lo mismo en 2007 cuando la Secretaría de Transporte, después de meses de forcejear con organizaciones de piratas, decidió emitir 'hologramas' provisionales.


Son los flotilleros corruptos y evasores fiscales; no los trabajadores del volante, controlados por los mafiosos del transporte de la Ciudad de México quienes presionan al Gobierno de la CDMX; a través de sus amenazas y manifestaciones alterando el orden y dañando a miles de capitalinos, para evitar se ponga orden en el sector, como lo viene haciendo la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum


En la CDMX se publicó en abril una serie de lineamientos que obligan a las apps y a sus conductores a cumplir con un nuevo calvario de trámites, incluyendo una 'validación vehicular' más estricta y más cara que la revista para los taxis. Ni así quedaron satisfechos los taxistas. No importa cuántos requisitos imponga la autoridad a las apps. La única forma de apaciguarlos sería restituir alguna versión del antiguo régimen cerrado, en el que sólo algunos pocos elegidos tienen el privilegio de prestar el servicio.

Sin duda, el hecho real es que los flotilleros taxistas y transportistas no han querido someterse a diversos requisitos para obtener las concesiones y los pone en desventaja frente a quienes ofertan estos servicios a través de tecnología. Sin embargo, lo que verdaderamente los ha desplazado es el tipo de servicio y precio.