/ martes 22 de septiembre de 2020

CDMX: Conducta policial inadecuada

Los altos índices de inseguridad y violencia que actualmente registran diversas zonas de la Ciudad de México, así como el abuso de la fuerza pública y las constantes violaciones a los derechos humanos, hacen necesario y urgente replantear la función pública con una nueva concepción de la ética del servidor público. Desde nuestra perspectiva se debe fundamentar en la teoría de los derechos humanos; para abordar la función policial y analizarla sobre la manera en que se lleva a cabo esta función pública y si se apega o no a los principios constitucionales y convencionales en la materia. El empleo de la fuerza pública se configura desde dos vertientes: la preventiva y la reactiva. La primera atiende a la prevención general de la conducta ilícita -contraria a la norma y al orden social- y evita, al mismo tiempo, las acciones de contención y control de los agentes de seguridad. Por su parte, la función reactiva del uso de la fuerza busca incidir en la conducta ya desplegada que violenta la norma y pone en riesgo su propia seguridad, la de terceros y la de la propia policía. Por tanto, en este supuesto, es necesario emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la convivencia armónica de la sociedad.

Lamentablemente, en el caso de la CDMX los elementos de policía y ministerios públicos trabajan bajo sus propias normas y reglas, a su libre albedrío, destacando en sus malas acciones la terrible impunidad con la que ejercen sus actividades, atropellando los derechos humanos de cientos de ciudadanos indefensos que se cruzan en su camino. Su actitud delincuencial y abusiva les permite hacer y deshacer a su antojo, incluso argumentando con mentiras para lograr su objetivo… obtener recursos ilícitos a base de presión y maltrato. La pregunta que la sociedad en general no hacemos es ... ¿No existe autoridad que los supervise y controle? o, la corrupción es tan fuerte que los de arriba participan en el enjuague ?.

Lo que hemos podido constatar es que los oficiales de policía de la Ciudad de México tienen muchas libertades para "cumplir con sus obligaciones". No obstante, la Constitución y otras leyes limitan cuán lejos puede llegar a la policía para garantizar el orden público. Muchos casos publicados en los medios de comunicación evidencian y se ha comprobado que, en ocasione, los oficiales de policía se extralimitan y violan los derechos de los ciudadanos. Cuando sucede esto, la víctima de la conducta inadecuada puede tener recursos a su favor gracias a las leyes federales y estatales.

El propósito más importante de las leyes de derechos civiles es proteger a los ciudadanos de abusos por parte del gobierno, incluida la conducta inadecuada de la policía. Las leyes de derechos civiles los costos legales y las sanciones punitivas y restitutivas como incentivos para que las víctimas hagan valer sus derechos. Basta de abusos.


Los altos índices de inseguridad y violencia que actualmente registran diversas zonas de la Ciudad de México, así como el abuso de la fuerza pública y las constantes violaciones a los derechos humanos, hacen necesario y urgente replantear la función pública con una nueva concepción de la ética del servidor público. Desde nuestra perspectiva se debe fundamentar en la teoría de los derechos humanos; para abordar la función policial y analizarla sobre la manera en que se lleva a cabo esta función pública y si se apega o no a los principios constitucionales y convencionales en la materia. El empleo de la fuerza pública se configura desde dos vertientes: la preventiva y la reactiva. La primera atiende a la prevención general de la conducta ilícita -contraria a la norma y al orden social- y evita, al mismo tiempo, las acciones de contención y control de los agentes de seguridad. Por su parte, la función reactiva del uso de la fuerza busca incidir en la conducta ya desplegada que violenta la norma y pone en riesgo su propia seguridad, la de terceros y la de la propia policía. Por tanto, en este supuesto, es necesario emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la convivencia armónica de la sociedad.

Lamentablemente, en el caso de la CDMX los elementos de policía y ministerios públicos trabajan bajo sus propias normas y reglas, a su libre albedrío, destacando en sus malas acciones la terrible impunidad con la que ejercen sus actividades, atropellando los derechos humanos de cientos de ciudadanos indefensos que se cruzan en su camino. Su actitud delincuencial y abusiva les permite hacer y deshacer a su antojo, incluso argumentando con mentiras para lograr su objetivo… obtener recursos ilícitos a base de presión y maltrato. La pregunta que la sociedad en general no hacemos es ... ¿No existe autoridad que los supervise y controle? o, la corrupción es tan fuerte que los de arriba participan en el enjuague ?.

Lo que hemos podido constatar es que los oficiales de policía de la Ciudad de México tienen muchas libertades para "cumplir con sus obligaciones". No obstante, la Constitución y otras leyes limitan cuán lejos puede llegar a la policía para garantizar el orden público. Muchos casos publicados en los medios de comunicación evidencian y se ha comprobado que, en ocasione, los oficiales de policía se extralimitan y violan los derechos de los ciudadanos. Cuando sucede esto, la víctima de la conducta inadecuada puede tener recursos a su favor gracias a las leyes federales y estatales.

El propósito más importante de las leyes de derechos civiles es proteger a los ciudadanos de abusos por parte del gobierno, incluida la conducta inadecuada de la policía. Las leyes de derechos civiles los costos legales y las sanciones punitivas y restitutivas como incentivos para que las víctimas hagan valer sus derechos. Basta de abusos.


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