/ sábado 21 de mayo de 2022

CdMx: competitiva, sin Estado de Derecho

Por Alejandro Jiménez


Esta semana fueron presentados dos estudios importantes sobre el estado que guardan, por un lado la competitividad económica de las entidades de la República, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y, por otro, el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, del World Justice Project (WJP).

En general, ambos estudios (que no comparten metodologías ni financiamiento ni tienen vasos comunicantes entre sí) coinciden en encontrar un norte del país más avanzado en todos los rubros, contra un sur atrasado y con más retos. Nada que no se sepa.

Lo curioso está en la capital de la República, sede de los poderes nacionales, gobernado por Claudia Sheinbaum, una de las precandidatas de Morena a la Presidencia de la República.

Por vigésimo año consecutivo, la CdMx fue la más competitiva del país, según el índice del IMCO.

Fue la entidad con la mayor esperanza de vida (76.7 años), camas de hospital (1.8 por cada mil habitantes), personal médico y de enfermería (5.4 por cada mil habitantes) y personal médico con especialidad (2.4 por cada mil habitantes), lo que es un claro indicio de un acceso a la salud más generalizado que en el resto del país.

También observó el mayor grado de escolaridad, y fue la entidad con el mayor PIB per cápita (407 mil 839 pesos por persona), y con la mayor diversificación económica (941 sectores).

Otros indicadores relevantes en los que la CdMx destaca son el uso de banca móvil (15 mil 867 contratos de banca móvil por cada 10 mil adultos) y la carga aérea (63 mil kilogramos por cada mil personas).

Cabe recordar que el Índice de Competitividad Estatal 2022 (ICE) mide la capacidad de las entidades para generar, atraer y retener talento e inversiones. Un estado competitivo es aquel que logra las condiciones y capacidades para el desarrollo sostenible tanto del capital humano como físico, lo que se traduce en mayor productividad y bienestar para sus habitantes.

Sin embargo, en materia de respeto al Estado de Derecho, del WJP, a la CdMx no le va tan bien. Este índice se compone de ocho grandes temas: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

Y hete aquí que la Ciudad de México es la cuarta entidad peor calificada, principalmente por su baja evaluación en las categorías de orden y seguridad, justicia penal, cumplimiento regulatorio, ausencia de corrupción y justicia civil.

Sí presenta buen desempeño en gobierno abierto y derechos fundamentales, que no fueron suficientes para que se pudiera ubicar en una mejor posición.

Ambos estudios revelan que la 4T no ha logrado descentralizar las actividades económicas del país, como fue promesa presidencial, y que tampoco han mejorado sustancialmente aspectos como la seguridad, la corrupción o el cumplimiento de la justicia, como en buena hora se lo ha propuesto.

Los índices mencionados han de ser desmenuzados para entender sus conclusiones, antes de descalificarlos como pasquines enemigos del gobierno federal y capitalino. La ruta de las soluciones está en el diagnóstico serio que se deriva de estos estudios, para entender qué nos está faltando para ser más competitivos y más respetuosos de la legalidad.


Por Alejandro Jiménez


Esta semana fueron presentados dos estudios importantes sobre el estado que guardan, por un lado la competitividad económica de las entidades de la República, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y, por otro, el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, del World Justice Project (WJP).

En general, ambos estudios (que no comparten metodologías ni financiamiento ni tienen vasos comunicantes entre sí) coinciden en encontrar un norte del país más avanzado en todos los rubros, contra un sur atrasado y con más retos. Nada que no se sepa.

Lo curioso está en la capital de la República, sede de los poderes nacionales, gobernado por Claudia Sheinbaum, una de las precandidatas de Morena a la Presidencia de la República.

Por vigésimo año consecutivo, la CdMx fue la más competitiva del país, según el índice del IMCO.

Fue la entidad con la mayor esperanza de vida (76.7 años), camas de hospital (1.8 por cada mil habitantes), personal médico y de enfermería (5.4 por cada mil habitantes) y personal médico con especialidad (2.4 por cada mil habitantes), lo que es un claro indicio de un acceso a la salud más generalizado que en el resto del país.

También observó el mayor grado de escolaridad, y fue la entidad con el mayor PIB per cápita (407 mil 839 pesos por persona), y con la mayor diversificación económica (941 sectores).

Otros indicadores relevantes en los que la CdMx destaca son el uso de banca móvil (15 mil 867 contratos de banca móvil por cada 10 mil adultos) y la carga aérea (63 mil kilogramos por cada mil personas).

Cabe recordar que el Índice de Competitividad Estatal 2022 (ICE) mide la capacidad de las entidades para generar, atraer y retener talento e inversiones. Un estado competitivo es aquel que logra las condiciones y capacidades para el desarrollo sostenible tanto del capital humano como físico, lo que se traduce en mayor productividad y bienestar para sus habitantes.

Sin embargo, en materia de respeto al Estado de Derecho, del WJP, a la CdMx no le va tan bien. Este índice se compone de ocho grandes temas: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

Y hete aquí que la Ciudad de México es la cuarta entidad peor calificada, principalmente por su baja evaluación en las categorías de orden y seguridad, justicia penal, cumplimiento regulatorio, ausencia de corrupción y justicia civil.

Sí presenta buen desempeño en gobierno abierto y derechos fundamentales, que no fueron suficientes para que se pudiera ubicar en una mejor posición.

Ambos estudios revelan que la 4T no ha logrado descentralizar las actividades económicas del país, como fue promesa presidencial, y que tampoco han mejorado sustancialmente aspectos como la seguridad, la corrupción o el cumplimiento de la justicia, como en buena hora se lo ha propuesto.

Los índices mencionados han de ser desmenuzados para entender sus conclusiones, antes de descalificarlos como pasquines enemigos del gobierno federal y capitalino. La ruta de las soluciones está en el diagnóstico serio que se deriva de estos estudios, para entender qué nos está faltando para ser más competitivos y más respetuosos de la legalidad.