/ viernes 5 de noviembre de 2021

Ausente caso CORAFI en Segundo Informe de ASF

Entre los documentos que brillaron por ausencia en la Segunda Entrega de Informes de Auditoría ante el Congreso de la Unión, destaca el relacionado con las inversiones que Seguridad Alimentaria Mexicana, de Ignacio Ovalle, realizó en los mercados financieros. Éste es un tema que tuvo mucho que ver con la destitución de Juan Pablo Graf de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y que incluso ha puesto en riesgo la permanencia de otros funcionarios de alto nivel.

Esta columna ha confirmado que en la Auditoría Superior de la Federación, de David Colmenares, siguen investigando el destino de 800 millones de pesos que la denominada Segalmex invirtió en la casa de bolsa de CI Banco, mediante la creación de un fideicomiso que garantizaría supuestamente al organismo gubernamental el retorno de sus recursos, operado por Financiera CORAFI de René Dávila de la Vega. El asunto se ha colocado como una de las principales preocupaciones para un más que discreto secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pues a pesar de que la institución bancaria asegura que el dinero regresó en su totalidad a sus inversionistas, en las oficinas del organismo que agrupa a Liconsa y Diconsa nunca se registró de nuevo su entrada.

CORAFI sigue sin responder por el millonario desfalco y, a pesar de que el 21 de marzo deL 2021 firmó un convenio para pagar la deuda en abonos mensuales de 100 millones de pesos, tras un par de pagos entre abril y mayo del mismo año el monto nunca se completó.

Por estos hechos Ramírez de la O perdió la confianza en Juan Pablo Graf, quien debió hacer valer los controles de su Comisión para alertar sobre inversiones ilegales con dinero público, y en la tablita estaría también el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, a quien responsabiliza por la gestión del fallido acuerdo reparatorio.

El enojo y la preocupación del secretario se hacen todavía más grandes si se toma en cuenta que CORAFI, según indicios de la CNBV, ofreció estas mismas operaciones bursátiles a otras dependencias públicas, y que con dinero proveniente del erario logró manejar una cartera cercana a los seis mil millones de pesos.

El reporte de la ASF sobre las inversiones de Segalmex en CI Banco tendrá que incluirse en la entrega final de resultados del ejercicio 2020, programada para el 20 de febrero 2021. De lo contrario se estaría ocultando un hecho con el alcance para convertirse en uno de los más grandes escándalos de la 4T.

La historia nos dice que las inversiones de Liconsa y Diconsa en mercados financieros vienen materializándose desde los gobiernos anteriores pero, según la promesa que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace casi todas las mañanas en su conferencia de prensa, en este sexenio las cosas no se hacen igual.

Entre los documentos que brillaron por ausencia en la Segunda Entrega de Informes de Auditoría ante el Congreso de la Unión, destaca el relacionado con las inversiones que Seguridad Alimentaria Mexicana, de Ignacio Ovalle, realizó en los mercados financieros. Éste es un tema que tuvo mucho que ver con la destitución de Juan Pablo Graf de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y que incluso ha puesto en riesgo la permanencia de otros funcionarios de alto nivel.

Esta columna ha confirmado que en la Auditoría Superior de la Federación, de David Colmenares, siguen investigando el destino de 800 millones de pesos que la denominada Segalmex invirtió en la casa de bolsa de CI Banco, mediante la creación de un fideicomiso que garantizaría supuestamente al organismo gubernamental el retorno de sus recursos, operado por Financiera CORAFI de René Dávila de la Vega. El asunto se ha colocado como una de las principales preocupaciones para un más que discreto secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pues a pesar de que la institución bancaria asegura que el dinero regresó en su totalidad a sus inversionistas, en las oficinas del organismo que agrupa a Liconsa y Diconsa nunca se registró de nuevo su entrada.

CORAFI sigue sin responder por el millonario desfalco y, a pesar de que el 21 de marzo deL 2021 firmó un convenio para pagar la deuda en abonos mensuales de 100 millones de pesos, tras un par de pagos entre abril y mayo del mismo año el monto nunca se completó.

Por estos hechos Ramírez de la O perdió la confianza en Juan Pablo Graf, quien debió hacer valer los controles de su Comisión para alertar sobre inversiones ilegales con dinero público, y en la tablita estaría también el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, a quien responsabiliza por la gestión del fallido acuerdo reparatorio.

El enojo y la preocupación del secretario se hacen todavía más grandes si se toma en cuenta que CORAFI, según indicios de la CNBV, ofreció estas mismas operaciones bursátiles a otras dependencias públicas, y que con dinero proveniente del erario logró manejar una cartera cercana a los seis mil millones de pesos.

El reporte de la ASF sobre las inversiones de Segalmex en CI Banco tendrá que incluirse en la entrega final de resultados del ejercicio 2020, programada para el 20 de febrero 2021. De lo contrario se estaría ocultando un hecho con el alcance para convertirse en uno de los más grandes escándalos de la 4T.

La historia nos dice que las inversiones de Liconsa y Diconsa en mercados financieros vienen materializándose desde los gobiernos anteriores pero, según la promesa que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace casi todas las mañanas en su conferencia de prensa, en este sexenio las cosas no se hacen igual.

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