/ martes 20 de abril de 2021

Amenazas a la propiedad privada  

Más allá del tema de los más de 500 cambios a la constitución de 1917, lo que quiero es destacar una de las amenazas previstas en la Constitución contra la propiedad privada de los medios de producción, algo grave, sobre todo teniendo un gobierno como el de la 4T, receloso (por decir lo menos) de la empresa privada. Muchos creen que en México el único motivo para expropiar es la utilidad pública, tal y como se señala en el artículo 27 constitucional: “Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”, sin embargo, el desquite político disfrazado de decreto es otra herramienta mal usada por algunos mandatarios de la “Cuarta Transformación”.

Si bien el gobernador de Baja California, como cualquier otro titular del Ejecutivo de las entidades federativas del país, tiene facultades para expropiar la propiedad privada, estas acciones deben estar plenamente justificadas constitucionalmente, por lo que los afectados pueden acudir al Juicio de Amparo para oponerse a esta medida. Las dudas fiscales o el revanchismo político de ninguna manera justifican dicha acción.

Ciudadanos y empresarios de Tijuana ven en el decreto de expropiación del Club Deportivo y Social Campestre, publicado en el periódico del estado el pasado martes, amenazas graves a la propiedad privada, además de un mal “mensaje” donde el patrimonio de miles de mexicanos puede ser arrebatado atentando contra la certeza jurídica. La intimidación lanzada por el mandatario de Baja California Jaime Bonilla en diciembre de 2020 se cumplió, luego de que el gobierno bajo su mando acusara a los propietarios del club de arrastrar varios “adeudos fiscales” con la entidad.

El decreto expropiatorio se publicó en el periódico oficial de Baja California como una Declaratoria de Utilidad Pública, con lo cual se procede a la afectación del club es propiedad de una sociedad civil que opera desde hace 60 años. El predio está enclavado en una exclusiva zona residencial, con acceso al boulevard Agua Caliente de esta ciudad fronteriza y su densidad de población contrasta con el área este donde viven más de 70 por ciento de los tijuanenses.

Causa pues mucha extrañeza que, a ocho días de haber iniciado las campañas electorales a la gubernatura de Baja California, el morenista haya firmado la declaratoria y ordenado su publicación inmediata, en medio de una efervescente contienda electoral en donde su mal gobierno ha consensuado la ira ciudadana en su contra, amén del incremento durante su gestión en los graves problemas de inseguridad, desempleo, mala economía y pésima recaudación.


Más allá del tema de los más de 500 cambios a la constitución de 1917, lo que quiero es destacar una de las amenazas previstas en la Constitución contra la propiedad privada de los medios de producción, algo grave, sobre todo teniendo un gobierno como el de la 4T, receloso (por decir lo menos) de la empresa privada. Muchos creen que en México el único motivo para expropiar es la utilidad pública, tal y como se señala en el artículo 27 constitucional: “Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”, sin embargo, el desquite político disfrazado de decreto es otra herramienta mal usada por algunos mandatarios de la “Cuarta Transformación”.

Si bien el gobernador de Baja California, como cualquier otro titular del Ejecutivo de las entidades federativas del país, tiene facultades para expropiar la propiedad privada, estas acciones deben estar plenamente justificadas constitucionalmente, por lo que los afectados pueden acudir al Juicio de Amparo para oponerse a esta medida. Las dudas fiscales o el revanchismo político de ninguna manera justifican dicha acción.

Ciudadanos y empresarios de Tijuana ven en el decreto de expropiación del Club Deportivo y Social Campestre, publicado en el periódico del estado el pasado martes, amenazas graves a la propiedad privada, además de un mal “mensaje” donde el patrimonio de miles de mexicanos puede ser arrebatado atentando contra la certeza jurídica. La intimidación lanzada por el mandatario de Baja California Jaime Bonilla en diciembre de 2020 se cumplió, luego de que el gobierno bajo su mando acusara a los propietarios del club de arrastrar varios “adeudos fiscales” con la entidad.

El decreto expropiatorio se publicó en el periódico oficial de Baja California como una Declaratoria de Utilidad Pública, con lo cual se procede a la afectación del club es propiedad de una sociedad civil que opera desde hace 60 años. El predio está enclavado en una exclusiva zona residencial, con acceso al boulevard Agua Caliente de esta ciudad fronteriza y su densidad de población contrasta con el área este donde viven más de 70 por ciento de los tijuanenses.

Causa pues mucha extrañeza que, a ocho días de haber iniciado las campañas electorales a la gubernatura de Baja California, el morenista haya firmado la declaratoria y ordenado su publicación inmediata, en medio de una efervescente contienda electoral en donde su mal gobierno ha consensuado la ira ciudadana en su contra, amén del incremento durante su gestión en los graves problemas de inseguridad, desempleo, mala economía y pésima recaudación.


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