En la capital del país han empezado a alinearse y a tomar fuerza, los aspirantes de la Alianza Va Por la Ciudad de México. En el arranque de su segunda administración como alcaldes, de inmediato levantaron la mano por el PRI, Adrián Rubalcaba y por el PAN, Santiago Taboada. Hacía falta alguien con sólido liderazgo dentro del PRD. En estos días, los reflectores se enfocaron a la presidenta Nora Arias Contreras, quien formó porte de los artífices del triunfo de la alianza en las elecciones del 6 de junio, que le arrebató nueve alcaldías a Morena y al gobierno de Claudia Sheinbaum. De entrada, hay tres aspirantes, uno de cada partido de la coalición, lo cual ya podría perfilar a un único aspirante de la alianza, conforme lo arrojen las mediciones en cuanto a aceptación, experiencia y liderazgo.
En los cafeteros desayunos políticos de la Ciudad de México, algunos actores comentan intrigados cuál será el destino del secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, quien aspira a suceder en el cargo a su jefa Claudia Sheinbaum. Pero como se ven las cosas, es difícil que Batres –aliado de Shienbaum para cerrarle el paso a Ricardo Monreal en 2018- sea el candidato a la jefatura de gobierno para 2024. Y es que, en todos lados, es conocido que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha colocado en las grandes ligas a Rosa Icela Rodríguez para perfilarla como sucesora de Sheinbaum en el viejo Palacio del Ayuntamiento. Todo apunta a que el premio de consolación de Batres, es concluir la gestión de Sheinbaum, cuando ésta se postula para la Presidencia.
En el INE, mientras los altos funcionarios ganan entre 130mil y 180mil pesos mensuales libres de polvo y paja y hasta se amparan cada año para combatir judicialmente cualquier reducción salarial, los Consejeros están pensando bajarle el sueldo al resto de los 17mil trabajadores para juntar ahorros y “economías” para la revocación de mandato.
Los Consejeros están proponiendo cancelar el pago de un estímulo (que ellos no reciben) ya programado conforme al famoso artículo 67 del Estatuto institucional que se otorga cada proceso electoral porque la ley dice que en ese lapso todos los días y horas son hábiles y con frecuencia el trabajo es de sol a sol (bono por proceso, le llaman). Con la cancelación de esa prestación, que es devengada con sangre, sudor y lágrimas, en los hechos se les bajaría el sueldo a los trabajadores y no a los directivos.
Ese pago para los trabajadores se programó para la revocación de mandato (que dura 4 meses), porque la carga de trabajo iba a ser y está siendo superior a un proceso electoral (que dura 10 meses) porque hay más cosas que hacer en menos tiempo, así de sencillo.
