/ jueves 10 de diciembre de 2020

Adecuaciones al lobby de la impunidad

Cuando el pasado 7 de octubre el senador Ricardo Monreal presentó ante el pleno de la Cámara Alta la iniciativa para expedir una nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), fue como si lanzara un petardo que vino a explotar frente a miles de personas que viven a diario la zozobra de tener a uno de sus familiares desaparecido.

El líder de Morena en el Senado de la República pasó por el alto el reclamo de cientos de colectivos en el país, en su mayoría integrados por madres, hermanos y familiares de personas desaparecidas, para que la FGR responda a su obligación de investigar las desapariciones forzadas con protocolos de seguimiento y rendición de cuentas.

Con el argumento de que la nueva Ley de la FGR busca llevar a cabo la reorganización administrativa de la institución, “con una efectiva descentralización y mayor eficiencia”, lo que incluye una reforma de la figura por antonomasia de la corrupción e incompetencia llamada ministerio público, el dictamen exime a los funcionario de sus obligaciones para investigar la desaparición de personas.

En el documento que circula desde octubre pasado aparecen modificaciones a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, donde los familiares que integran varios colectivos del país acusan de que no fueron tomados en cuenta.

Uno de los puntos que más molestó está relacionado con que la FGR dejaría de formar parte del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Este es quizá el único mecanismo que obliga a los funcionarios a rendir cuentas sobre las diligencias y avances en la búsqueda de personas desaparecidas.

La realidad que lacera la herida que deja una desaparición forzada y que exhibe cómo opera el lobby de impunidad, es que en la FGR y las fiscalías de los estados no realizan búsquedas de personas desaparecidas.

Cuando la FGR ha llevado a cabo investigaciones, como el caso de los hermanos Omar y Miguel Plancarte Ramírez, desaparecidos en febrero del 2012 en Guadalajara, se ha podido probar cómo funciona el sistema de complicidades criminales operados por ministerios públicos, como sucedió con la ex fiscal Guadalupe Hernández hoy prófuga de la justicia. La colusión con integrantes del denominado Cartel de Jalisco Nueva Generación, identificados como presuntos responsables en el caso de ambos jóvenes, es un referente que con varias similitudes ocurre con cientos de casos.

Ha sido la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y el Sistema Nacional de Búsqueda, los que han servido de contrapeso a la corrupción e ineficacia que ha mostrado la FGR para atender este fenómeno.

Fueron legisladores de una partido que se asume “progresista”, los que llevaron a la máxima tribuna del país la propuesta de sacar del escrutinio a la FGR, para eximirla de responsabilidades en una de las tragedias que ha marcado la historia contemporánea del país.

En varios escritos enviados a los legisladores que participaron en las distintas comisiones donde se elaboró el dictamen, en redes sociales y en pronunciamientos públicos, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México ha reclamado que esta iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la FGR, debe de tomar en cuenta la voz de las familias en búsqueda.

@velediaz424

Cuando el pasado 7 de octubre el senador Ricardo Monreal presentó ante el pleno de la Cámara Alta la iniciativa para expedir una nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), fue como si lanzara un petardo que vino a explotar frente a miles de personas que viven a diario la zozobra de tener a uno de sus familiares desaparecido.

El líder de Morena en el Senado de la República pasó por el alto el reclamo de cientos de colectivos en el país, en su mayoría integrados por madres, hermanos y familiares de personas desaparecidas, para que la FGR responda a su obligación de investigar las desapariciones forzadas con protocolos de seguimiento y rendición de cuentas.

Con el argumento de que la nueva Ley de la FGR busca llevar a cabo la reorganización administrativa de la institución, “con una efectiva descentralización y mayor eficiencia”, lo que incluye una reforma de la figura por antonomasia de la corrupción e incompetencia llamada ministerio público, el dictamen exime a los funcionario de sus obligaciones para investigar la desaparición de personas.

En el documento que circula desde octubre pasado aparecen modificaciones a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, donde los familiares que integran varios colectivos del país acusan de que no fueron tomados en cuenta.

Uno de los puntos que más molestó está relacionado con que la FGR dejaría de formar parte del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Este es quizá el único mecanismo que obliga a los funcionarios a rendir cuentas sobre las diligencias y avances en la búsqueda de personas desaparecidas.

La realidad que lacera la herida que deja una desaparición forzada y que exhibe cómo opera el lobby de impunidad, es que en la FGR y las fiscalías de los estados no realizan búsquedas de personas desaparecidas.

Cuando la FGR ha llevado a cabo investigaciones, como el caso de los hermanos Omar y Miguel Plancarte Ramírez, desaparecidos en febrero del 2012 en Guadalajara, se ha podido probar cómo funciona el sistema de complicidades criminales operados por ministerios públicos, como sucedió con la ex fiscal Guadalupe Hernández hoy prófuga de la justicia. La colusión con integrantes del denominado Cartel de Jalisco Nueva Generación, identificados como presuntos responsables en el caso de ambos jóvenes, es un referente que con varias similitudes ocurre con cientos de casos.

Ha sido la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y el Sistema Nacional de Búsqueda, los que han servido de contrapeso a la corrupción e ineficacia que ha mostrado la FGR para atender este fenómeno.

Fueron legisladores de una partido que se asume “progresista”, los que llevaron a la máxima tribuna del país la propuesta de sacar del escrutinio a la FGR, para eximirla de responsabilidades en una de las tragedias que ha marcado la historia contemporánea del país.

En varios escritos enviados a los legisladores que participaron en las distintas comisiones donde se elaboró el dictamen, en redes sociales y en pronunciamientos públicos, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México ha reclamado que esta iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la FGR, debe de tomar en cuenta la voz de las familias en búsqueda.

@velediaz424