Está a punto de cumplirse una década de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo, consideradas las de mayor relevancia en las últimas décadas en nuestro país, junto, quizás, con la reforma penal de 2008.
De hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación prepara una serie de eventos que inician el 11 de junio para conmemorar los 10 años de esta reformas, que han tenido grandes repercusiones en la aplicación del derecho en nuestro país.
Fue precisamente el 10 de junio de 2011 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 1 de la Constitución Política, que por primera vez expresaba el reconocimiento, ya no de las garantías individuales de los mexicanos, si no de sus Derechos Humanos y si bien ya tutelaba los contemplados en los Tratados Internacionales, ahora esta tutela se vió reforzada, al ser considerados estos tratados, en el mismo nivel jerárquico de la Constitución.
Las consecuencias de esta reforma constitucional en la labor de los jueces fueron enormes: ampliaron su espectro jurídico más allá de las normas nacionales, es decir, ahora los jueces locales deben actuar atendiendo no sólo las normas locales y nacionales, sino también los Convenios internacionales de los que México es parte y que hasta la fecha suman más de 200, aunque poco más de una docena son los de carácter general.
Esta reforma marcó una nueva guía a los juzgadores, quienes deben anteponer el principio pro persona, es decir, aplicar las normas que favorezcan y brinden la mayor protección a las personas, sea cual fuere su origen, esto es, provengan de la Constitución o de algún Convenio Internacional en materia de Derechos Humanos y de los que México sea parte.
Es de hacer notar que la reforma relativa al juicio de amparo se publicó el 6 de junio de 2011, y también generó una nueva etapa en el sistema jurídico mexicano, robusteciendo a la propia Corte como institución protectora de los derechos.
El juicio de amparo, medio de control constitucional, el más importante con el que contamos en el país, amplió con esta reforma su ámbito de competencia.
Entre otras cosas, con la reforma se amplió para proteger los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que México forma parte; el interés legítimo y colectivo; el amparo adhesivo y la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer declaratorio general de inconstitucionalidad, entre otros.
