/ martes 20 de abril de 2021

¿A quién darás tus datos?

Expertos internacionales reconocen que los sistemas tecnológicos para el uso de datos biométricos no son 100% seguros ni están exentos de amenazas de hackers, robo de identidad y ciberataques.

La identificación con datos biométricos avanza rápidamente y, hoy en día, hay software capaces de reconocer rasgos físicos determinados, como una huella dactilar, la cara, el iris, la retina, incluso, hay sistemas que pueden identificar las venas de la mano y, en algunos países, ya se desarrollan métodos de identificación, con base al ritmo cardiaco, el movimiento corporal y las ondas cerebrales de cada persona.

Los expertos recomiendan el almacenamiento de estos datos en forma encriptada directamente en el dispositivo y no en grandes servidores en una nube -como actualmente se sigue haciendo-, porque si estos son hackeados se pierden los datos y el ladrón tendrá la llave para acceder todas las veces que quiera.

No podemos imaginar en México ¿quién será la empresa proveedora encargada de almacenar, resguardar y encriptar los datos de los usuarios de telefonía celular?, cuando hemos visto que el padrón electoral se vende en el mercado negro y que sistemas de empresas del Estado como Pemex, CFE, e incluso, de instituciones bancarias, han sido vulnerados.

Agencias de ciberseguridad advierten que en el último año, en México se han registrado al menos 12 casos de ataque cibernético a instituciones públicas, como: Condusef, SAT, Banxico, Secretaría de Función Pública, ISSSTE, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y la Agencia Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México (ADIP) de la Ciudad de México, entre otras.

La Condusef reporta que, en 2014, el 40% de las tarjetas bancarias fueron víctimas de fraude, en 2017 informó un aumento de 25% en este tipo de delitos, lo que ascendió a una pérdida económica de más de 2 mil 250 millones de pesos.

Lo que queda claro es que México tiene todavía un largo camino por recorrer en la construcción de sistemas digitales de alta seguridad que protejan los datos personales de la ciudadanía, o -¿se estará pensando en la contratación de empresas extranjeras para almacenar y manejar estos datos?-. Hay que tener todo esto en cuenta, antes de entregar los datos biométricos en el registro de usuarios de telefonía celular que aprobó la mayoría legislativa de Morena, frente al cual, la única opción que tiene la ciudadanía es promover un amparo.




Expertos internacionales reconocen que los sistemas tecnológicos para el uso de datos biométricos no son 100% seguros ni están exentos de amenazas de hackers, robo de identidad y ciberataques.

La identificación con datos biométricos avanza rápidamente y, hoy en día, hay software capaces de reconocer rasgos físicos determinados, como una huella dactilar, la cara, el iris, la retina, incluso, hay sistemas que pueden identificar las venas de la mano y, en algunos países, ya se desarrollan métodos de identificación, con base al ritmo cardiaco, el movimiento corporal y las ondas cerebrales de cada persona.

Los expertos recomiendan el almacenamiento de estos datos en forma encriptada directamente en el dispositivo y no en grandes servidores en una nube -como actualmente se sigue haciendo-, porque si estos son hackeados se pierden los datos y el ladrón tendrá la llave para acceder todas las veces que quiera.

No podemos imaginar en México ¿quién será la empresa proveedora encargada de almacenar, resguardar y encriptar los datos de los usuarios de telefonía celular?, cuando hemos visto que el padrón electoral se vende en el mercado negro y que sistemas de empresas del Estado como Pemex, CFE, e incluso, de instituciones bancarias, han sido vulnerados.

Agencias de ciberseguridad advierten que en el último año, en México se han registrado al menos 12 casos de ataque cibernético a instituciones públicas, como: Condusef, SAT, Banxico, Secretaría de Función Pública, ISSSTE, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y la Agencia Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México (ADIP) de la Ciudad de México, entre otras.

La Condusef reporta que, en 2014, el 40% de las tarjetas bancarias fueron víctimas de fraude, en 2017 informó un aumento de 25% en este tipo de delitos, lo que ascendió a una pérdida económica de más de 2 mil 250 millones de pesos.

Lo que queda claro es que México tiene todavía un largo camino por recorrer en la construcción de sistemas digitales de alta seguridad que protejan los datos personales de la ciudadanía, o -¿se estará pensando en la contratación de empresas extranjeras para almacenar y manejar estos datos?-. Hay que tener todo esto en cuenta, antes de entregar los datos biométricos en el registro de usuarios de telefonía celular que aprobó la mayoría legislativa de Morena, frente al cual, la única opción que tiene la ciudadanía es promover un amparo.




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